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Documentos. Reportaje

Turismofobia, ciudades de alquiler

José Luis Barbería
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Bloque de apartamentos en Palma de Mallorca. / Fede Serra

El turismo ha dejado de ser un maná incontestable. Si antaño la población autóctona recibía con los brazos abiertos a los visitantes al inicio de la temporada, ahora temen su llegada. De Palma de Mallorca a Barcelona, los turistas se han convertido en las molestas especies invasoras ‘culpables’ de la masificación y los precios abusivos. Ha nacido la turismofobia.

domingo 06 de agosto de 2017

EN LOS INCESANTES aterrizajes y despegues del aeropuerto de Son San Juan, los aviones sobrevuelan grandes manchas oscuras, como de tierra quemada, que a vista de pájaro se revelan conglomerados de vehículos de alquiler, unos 90.000, puestos a disposición del turista. Y si llega a Palma de Mallorca por mar en una embarcación que no posea la colosal altura de los cruceros, el viajero se topará con el espeso bosque de mástiles que taponan la vista de la ciudad. Entre el 1 de abril y el 1 de noviembre, lo que dura aquí la temporada, Baleares exhibe con exultante frecuencia la vitola de “completo” pese a sus 600.000 plazas turísticas, 24.000 amarres y 1.500 vuelos diarios. El archipiélago es una fiesta continua que las halagüeñas expectativas de ocupación no han dejado de cebar. Récord sobre récord, todo el mundo da por supuesto que este agosto se alcanzará la ecuación: 1,1 millones de población autóctona, 1,1 millones de visitantes. La pregunta es si estamos verdaderamente de enhorabuena.

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Joan Moranta, Angélica Guzmán, Manel Domènech y Pere Perelló, integrantes de la plataforma mallorquina Ciutat per a qui L’Habita. Fede Serra

Mientras unos se frotan las manos, otros se las echan a la cabeza. “Antes, había un turismo amable y convivíamos a gusto con él. Ahora, el verano no apetece, se vive con resignación. Estamos sufriendo una pérdida brutal de calidad de vida”, afirma Neus Prats, 48 años, portavoz del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) de Ibiza. En contraste con el recuerdo nostálgico, idealizado, quizás, de un pasado pleno de visitantes ilustres: intelectuales, artistas, famosos y gentes adineradas, la avalancha actual y el fenómeno creciente de los pisos turísticos de alquiler está colmatando el modelo de monocultivo del turismo de masas. La primitiva complacencia ciudadana se resquebraja, particularmente en ciudades y espacios limitados o sometidas con anterioridad a la presión visitante intensiva.

En Baleares creen que, por primera vez, este agosto los turistas igualarán a los locales

Este verano, las alarmas ciudadanas y políticas suenan con fuerza mayor en varios puntos de España a la vista de que la emergencia habitacional está haciendo saltar las costuras sociales y políticas. Aunque el fenómeno tiene su exponente más avanzado en Ibiza, Barcelona y Palma, el problema es común al conjunto del archipiélago balear y a otras ciudades españolas. Ibiza ofrece, en efecto, un escandaloso muestrario de situaciones límite producidas por la recurrente y cronificada escasez de vivienda veraniega. Faltan médicos, radiólogos, anestesistas, enfermeros, policías y bomberos para atender a una población multiplicada por dos porque, pese a los esfuerzos por habilitar instalaciones sanitarias, docentes y militares, no hay alojamientos disponibles o los hay en condiciones indignas.

Los 70.000-80.000 trabajadores estacionales que llegan de la Península para cubrir el verano se hacinan en pisos compartidos hasta 12 personas, a veces, al precio de 500 euros la cama o sofá, o pernoctan en coches y tiendas de campaña. No es imposible que este verano llegue a superarse el listón de la desfachatez fijado por los estrambóticos anuncios que han ofrecido un balcón con colchón por 500 euros al mes o una furgoneta con cama incorporada por 700. ¿Qué le queda al trabajador, de la hostelería, por ejemplo, si debe pagar 700-800 euros por una habitación? “No le queda casi nada porque tenemos sueldos tercermundistas de 1.100-1.200 euros. Esto se ha puesto imposible. Llevo aquí 18 años, pero al igual que otra gente estoy pensando en irme”, comenta Yolanda Navas, de 39 años, natural de Granada. Este año, excepcionalmente, el hotel en el que trabaja ha aceptado darle cama en su propio establecimiento. “Conozco los casos de tres compañeros que vinieron a reforzar la hostelería y tuvieron que volverse a la Península por la falta de alojamiento”, señala Carlo Crespo, 44 años, responsable del servicio de habitaciones en uno de los hoteles de Ibiza.

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Visitantes en Palma. De los 550.000 habitantes de la ciudad, el 85% se dedican a los servicios. Fede Serra

El problema de Natalia Aguilló, de 34 años, profesora de formación profesional, es que cuando llega julio tiene que abandonar Ibiza y volverse a Valencia, su tierra natal, porque el piso compartido en el que vive se alquila en los meses de verano a 1.600 euros por semana. “Vuelvo en septiembre, pero esto de tener que hacer dos mudanzas al año es un incordio. No puedes pensar en estabilizarte, en tener una familia. Aquí, en Ibiza, me han llegado a pedir 10.000 euros mensuales de alquiler”. Con un sueldo de 900 euros, Sergio, ingeniero informático, paga 650 euros por una habitación con derecho a baño y cocina.

Parte de la población autóctona comienza a asociar la actividad turística con las especies invasoras, depredadoras, peligrosas para la conservación del hábitat. Por lo mismo, y aunque nadie ignore que este es el principal y casi exclusivo recurso económico del archipiélago balear, el turismo está dejando de ser percibido aquí como el maná incontestable, la fuente inequívoca del beneficio general ante el que solo cabe transigir. La otrora anhelada presencia visitante empieza a trocarse en aversión porque el modelo está expulsando a la población autóctona, incapaz de seguir el vertiginoso aumento de los precios de los alquileres, la hostelería y el comercio, además de uniformizar y deformar la personalidad de la ciudad, alterar los hábitos de vida y colapsar servicios e infraestructuras que pagan el conjunto de los ciudadanos. Ha aparecido la turismofobia.

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Sergio y Patricia, empleados de hostelería, alquilan una habitación porque sus sueldos no dan para un apartamento para ellos solos. Fede Serra

¿A quién le aprovecha tanto éxito? ¿Qué beneficio extraen los habitantes de Palma con los 20.000 o 25.000 cruceristas del todo incluido que caen de golpe sobre el centro de la ciudad? ¿Quién se lucra con el turismo gamberro de borrachera, vomitona y balconing de Magaluf? ¿Dónde están y adónde van los beneficios de todo esto?, se pregunta un número creciente de ciudadanos. Surgen iniciativas, como la creación de sindicatos de inquilinos, que buscan revertir la situación e incluso brotan reacciones destempladas de protesta dirigidas a los visitantes: “¡No sois bienvenidos. Go home!”. Es un punto delicado, porque si algo perturba al turista es sentirse rechazado. Según la Red de Inclusión Social del Fondo Social Europeo, batir una y otra vez los récords turísticos no evita que 115.000 personas vivan aquí en situación de pobreza extrema. En las dos últimas décadas, Baleares ha pasado de ser la comunidad más rica de España a ocupar la séptima plaza.
“Aquí, las rentas y salarios han ido decreciendo a medida que aumentaba el turismo. Año tras año, el margen de beneficio ha ido cayendo y los costes no tienen compensaciones suficientes. Vamos al colapso de las infraestructuras de los servicios públicos: sanidad, limpieza, depuración de agua, tráfico, contaminación…”, sostiene Jaume Garau, diputado del PSOE en la comunidad balear. “Cada turista consume a diario 278 litros de agua frente a los 105 de los residentes permanentes, y hay que tener en cuenta que al año pasan por Baleares entre 12 y 14 millones de turistas. La Administración pública ha contraído una deuda colosal que este año solo en intereses le obliga a pagar a los bancos 35 millones de euros, con lo que su margen de inversión se reduce a únicamente 170 millones. Se salvan las grandes compañías hoteleras que tienen capacidad económica a escala, los hoteles urbanos de lujo a 300-400 euros la noche, las grandes compañías de distribución y las navieras”, añade Garau, psicólogo social y cofundador de Palma XXI, asociación que reúne a gentes preocupadas por la evolución de la ciudad.

En las calles de Palma de Mallorca, el estridente soniquete de las maletas rodantes sobre el empedrado marca el contrapunto imperioso de la actualidad por encima del bullicio y la música, los confusos sonidos que brotan de bares, restaurantes, tiendas de souvenirs… Es el trasiego continuo de los inquilinos de los pisos turísticos, una gigantesca red ilegal de decenas de miles de viviendas o habitaciones en alquiler surgida al calor de la pretendida economía colaborativa y al abrigo de las grandes plataformas digitales de intermediación. La fiebre vecinal por alquilar a través de Airbnb, que gestiona el 54% de la oferta, Wimbu y el resto de las plataformas digitales se explica con los estudios que muestran que los beneficios de esta modalidad opaca al fisco multiplica por 2,5 los ingresos obtenibles a través de un alquiler convencional.

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Turistas en el entorno de la catedral de Palma de Mallorca. Fede Serra

“A principio de la temporada, las tarifas de alquiler turístico normal en Palma estaban en 200 euros por piso y día y entre 70 y 80 euros por habitación y día”, indica Marisa, empleada en una agencia de tasación inmobiliaria. La gran demanda de alojamiento desatada estimula la voracidad general y muchos isleños reclaman por esa vía irregular su parte de la tarta turística, a despecho de los 4.000 euros de multa establecidos. El problema es que esta oferta habitacional que, según asociaciones ecologistas como Terraferida (Tierra herida), suma en el archipiélago hasta 200.000 plazas supletorias a las hoteleras y a las legalizadas, contribuye directamente al incremento de los precios de los alquileres. ¿Por qué alquilar por años a la población autóctona si se puede sacar mucho más alquilando a los turistas por días o semanas?

“A muchos inquilinos les imponen subidas de 700 a 1.500 euros para que se marchen”

No es un asunto pacífico entre el vecindario ni entre la ciudadanía. Las continuas idas y venidas de inquilinos en estado de ánimo vacacional chocan a menudo, y frontalmente, con la tranquilidad y seguridad que reclaman los residentes permanentes. “Sí que dan guerra, sí. El otro día, sin ir más lejos, unos alemanes subieron a la terraza por la noche con sillas a montar su fiesta”, indica Francisco Aguilar, presidente de la comunidad de vecinos del número 5 de la calle de Cervantes en Palma de Mallorca. “Alquilan habitaciones pero no pagan impuestos. Los vecinos asistimos a un movimiento continuo de gentes con otro modo de vida”, apunta Antonia Pascual, socióloga, vecina del mismo bloque. “Tuvimos que darle un serio aviso a uno de nuestros vecinos por los escándalos que montaban sus inquilinos”, abunda un taxista. De ahí, este mensaje: “Queridos visitantes: Os hemos abierto nuestras casas. Al principio, os comportabais, pero enseguida habéis ocupado el salón, hacéis fiestas en la cocina y estáis meando desde el balcón. Ya no sois bienvenidos”, publicado por el autodenominado Comando Artístico Isleño Nihilista (CAIN), un colectivo ibicenco que denuncia el incremento de la desigualdad, la privatización de las costas y el agotamiento de los acuíferos.

Pese a todo, el Gobierno balear ha accedido a legalizar los pisos turísticos, con la condición de que se regularice la actividad, se paguen los impuestos correspondientes y se obtenga el visto bueno del vecindario. Lo hace frente al criterio de las asociaciones de vecinos y otros colectivos partidarios de la aplicación de la ley estatal y de la prohibición pura y dura, pero con el apoyo de grupos como Desahuciados por la Hipoteca (PAH). “Mucha gente está pagando su hipoteca gracias al alquiler turístico. Prohibirlo es un ejercicio de hipocresía”, afirma su representante, Ángela Pons. “A los desahucios por impago de hipoteca se les están sumando masivamente los desahucios por impago de alquileres. A muchos inquilinos no les renuevan el contrato o les imponen subidas imposibles de 700 a 1.500 euros para quitárselos de encima. Y no son necesariamente alquileres bajos. Mucha gente no tiene adonde ir, hablo de familias con ingresos regulares”, destaca Marga Clareda, coordinadora de la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma. El 77% de los 18.000 desahucios que se produjeron entre 2003 y 2014 fue debido a la imposibilidad de pagar el alquiler.

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Jóvenes en Magaluf, localidad mallorquina célebre por el turismo de borrachera y balconing. Fede Serra

El rosario de damnificados por las brutales subidas de los alquileres es extenso y variado, pero incide con especial daño en las familias monoparentales y en las personas que perdieron pie en su vida laboral y cayeron por los intersticios del sistema. “Lo que más me duele es tener que vivir separada de mis hijos. Trabajo en la ONCE y tengo una nómina de 700 euros, pero me piden más de 1.000 euros al mes para vivir en un piso de las viviendas de Can Redó, que llaman Corea. He tenido que enviar a mis hijos a casa de su abuela y yo irme a vivir con mi hermana. Me siento cansada, muy cansada”, dice Isabel Mas. Con cuatro hijos, Jackeline García pelea en los juzgados para que la empresa gestora del piso de protección oficial no ejecute el desahucio. Gracias a la ayuda del Ayuntamiento, Valeria Viyerio, madre de dos hijos, ha logrado pagar la factura que tenía pendiente y sortear momentáneamente la expulsión.

¿Cuántos turistas juran no volver a una isla masificada, con atascos y facturas abusivas?

“He decidido que no me voy, no pienso salir de esta casa”, anuncia Ángela, 47 años, divorciada, madre de un hijo de 8 años. Pagaba un alquiler de 780 y ahora le exigen 1.400. Obtener un préstamo para pagar el alquiler, casi al precio que sea, y realquilar habitaciones a los turistas es una alternativa, aunque, como dice Beatriz, 45 años, separada, “casi no hay ya pisos de alquiler que no tengan un precio imposible”. Otra de las fórmulas al uso entre las familias en apuros es reagruparse en una única vivienda y poner la otra en alquiler para así sufragar las hipotecas.

Aunque sin el dramatismo que palpita detrás de estos casos, también los profesionales cualificados padecen los efectos de la fiebre del alquiler turístico que expulsa a los autóctonos hacia la periferia. Ana Belén Esteva, de 43 años, profesora de lengua española, se dio de bruces con la realidad el día que se le acabó el contrato. “De la noche a la mañana, me encontré formando parte de un río de gente desesperada, muchos de ellos, empleados de la sanidad y la educación, que buscaban, buscaban y no encontraban nada en ninguna parte”. Al contrario que muchos jóvenes de entre 30 y 40 años que firmaron alquileres por tres años que ahora expiran masivamente, ella pudo hacer frente a las subidas brutales de los alquileres y mantenerse en el barrio. Desde el estallido de la crisis económica, es habitual que el arrendador fije el tiempo del alquiler en función de la duración del contrato de trabajo del inquilino.

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Pintadas contra Airbnb en una calle de Palma. Fede Serra

“El derecho a la vivienda no puede estar en manos del mercado. Requiere un liderazgo público comprometido con la protección de ese derecho y con el acceso a la vivienda de la población expulsada por los procesos especulativos”, afirma Josep Maria Montaner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Experimentado urbanista y arquitecto, está convencido de que el Plan Especial Urbanístico sobre Alojamientos Turísticos aprobado en enero por su Ayuntamiento es el instrumento adecuado para abordar el problema. “Además de impedir el traspaso de vivienda a hotel o a apartamento turístico, el plan regula la construcción de nuevos alojamientos turísticos en los barrios en los que se amenazan las condiciones de vida y los derechos de los residentes. Nuestros problemas de exclusión residencial están aún ahí, pero ahora podemos poner orden en la industria turística. Barcelona tiene un modelo”.

El monocultivo turístico masivo ha entrado en la fase paradójica de que, además de amenazar el privilegiado hábitat, puede morir de éxito si no se reorienta y pone coto a sus excesos. Algunos municipios empiezan a reaccionar siguiendo la estela del Ayuntamiento de Barcelona, que ha adoptado una resuelta actitud sancionadora de los alquileres irregulares y limitado la instalación de plazas hoteleras en zonas urbanas saturadas. En Palma de Mallorca, la rica diversidad local ha quedado arrumbada hasta el punto de que el 85% de sus 550.000 habitantes se dedican actualmente a los servicios. Un peligro bien a la vista es que la masificación conduzca a la degradación. Hace tiempo que los visitantes con dinero abandonaron áreas urbanas, como la del Terreno, ahora convertido en escenario de peleas entre bandas latinas. Cabe preguntarse cuántos visitantes vuelven a sus países decididos a no regresar, frustrados por la sensación de haber pasado las vacaciones en un centro temático de ocio masivo, con atascos, facturas abusivas y salinidad del agua de las duchas porque las desaladoras no dan abasto.

Contra lo que pudiera pensarse, el alquiler a los extranjeros no es una práctica exclusiva de la población autóctona. “El arrendador de pisos turísticos ha cambiado desde lo familiar a los grandes grupos de inversión, que son opacos, no cotizan y se esconden detrás de la imagen del Airbnb original”, sostiene Jaime Valdivielso, de la asociación Terraferida. De acuerdo con datos extraídos a la propia Airbnb, esa plataforma digital ofrece 78.543 plazas de alquiler turístico en Mallorca. “Sí, nosotros también anunciamos en Airbnb”, admiten los empleados de las agencias inmobiliarias, dirigidas, en su mayoría, por escandinavos, alemanes, austriacos, rusos y británicos. Los extranjeros, que en barrios como Santa Catalina en Palma suponen ya el 40% de los residentes, ejercen igualmente el alquiler turístico con sus compatriotas, perfectamente integrados en la opacidad fiscal reinante.

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Guía turística en Palma de Mallorca. Fede Serra

“Somos pobres”, resume Joan Forteza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ­reúne firmas contra la legalización de los pisos turísticos. “Nuestros salarios y pensiones son la mitad que en otros países europeos. Hay capital extranjero, grupos de inversión escandinavos, detrás de muchas empresas inmobiliarias que compran incluso edificios enteros. Venden o alquilan esas viviendas y a los 10 años las tienen amortizadas. Si no hacemos nada, la gentrificación (proceso por el que el aumento de los alquileres expulsa de sus barrios a los residentes tradicionales) acabará con la personalidad de Palma. Estamos en el camino de convertirnos en una ciudad fantasma, con tiendas en alemán, inglés y sueco, sin cines, escuelas, ni comercio local; una ciudad de souvenirs y franquicias, de cadenas hoteleras. ¿Acaso no somos capaces de ver el futuro?”, se pregunta Joan Forteza.

En Muerte y vida de las grandes ciudades, la urbanista Jane Jacobs alertó contra la concepción de la ciudad “en términos de valor de cambio, de obtención de beneficios, sometida a la ley de la oferta y la demanda, en lugar de mirarse como espacio de encuentro y diversidad. El paraíso que descubrieron aquí Frédéric Chopin y George Sand, Robert Graves y Bernanos, Rubén Darío, Camilo José Cela y tantos otros intelectuales y artistas está lejos de haberse desvanecido, pero cabe preguntarse si encontrarían hoy la fuente de inspiración y la paz que alentó sus obras. El reto balear es combinar sabiamente el provecho de la actividad turística con el derecho a la vivienda y al disfrute de la historia, la personalidad y el encanto de la ciudad propia.

POR José Luis Barbería